Los debates sobre la regulación de la nicotina suelen polarizarse. Algunos legisladores argumentan que todos los productos con nicotina deberían recibir el mismo trato, ya que contienen una sustancia adictiva. Otros sostienen que la regulación debería reflejar las diferencias de riesgo entre los productos.
Un análisis reciente del Fondo Monetario Internacional (FMI) ofrece una importante contribución a este debate.
En su artículo Impuestos sobre los hábitos dañinos (2026), los economistas del FMI Christoph B. Rosenberg y Marius van Oordt argumentan que la tributación y la regulación deben estar alineadas con el grado de daño que probablemente causen los productos. Su análisis se basa en las evaluaciones toxicológicas de Murkett et al. (2022) e incluye una de las ilustraciones más claras hasta la fecha del espectro de riesgo relativo entre los productos modernos de nicotina.
El gráfico sitúa a los cigarrillos combustibles en el extremo superior del espectro de daños, junto con otros productos de tabaco fumado. En el extremo opuesto se encuentran las terapias de reemplazo de nicotina y las bolsitas de nicotina, asociadas a niveles de daño potencial sustancialmente menores. Los productos de tabaco calentado y los cigarrillos electrónicos también se sitúan significativamente por debajo de los productos de tabaco combustibles en este espectro.
Esto es digno de mención no porque introduzca un concepto nuevo, sino porque proviene de una importante institución económica mundial y no del propio debate sobre la política de la nicotina.
La conclusión del FMI es clara: los productos que reducen la exposición a sustancias tóxicas en comparación con los cigarrillos tradicionales deben recibir un trato diferente en materia tributaria. Como señala el informe, muchos productos alternativos de nicotina reducen la exposición a sustancias tóxicas en relación con el tabaquismo, por lo que resulta lógico aplicarles tipos impositivos más bajos que los impuestos a los cigarrillos combustibles. El informe también destaca a Nueva Zelanda como ejemplo de cómo las diferencias impositivas pueden fomentar el abandono del tabaquismo y el uso de alternativas menos dañinas.
Es importante destacar que el análisis del FMI no sugiere que los productos de nicotina estén exentos de riesgos. Más bien, reconoce que existen diferencias significativas en el riesgo entre las distintas categorías de productos. Esta distinción es fundamental.
Con demasiada frecuencia, los debates sobre políticas públicas agrupan todos los productos de nicotina en una sola categoría, creando la impresión de que los cigarrillos, las bolsitas de nicotina, las terapias de reemplazo de nicotina, los productos de tabaco calentado y los cigarrillos electrónicos presentan niveles de daño similares. La evidencia disponible no respalda esta suposición.
La combustión es el principal factor causante de las enfermedades relacionadas con el tabaquismo. El humo del cigarrillo contiene miles de sustancias químicas, entre ellas numerosos carcinógenos y tóxicos conocidos generados por la combustión del tabaco. Los productos no combustibles eliminan por completo la combustión. Si bien aún pueden presentar riesgos y requieren regulación, no exponen a los usuarios al mismo perfil toxicológico que los cigarrillos.
Por eso es importante una regulación proporcional al riesgo.
Un marco regulatorio proporcional al riesgo no implica desregulación. No significa comercialización sin restricciones, acceso ilimitado a los productos ni escasa protección para los jóvenes. Significa, en cambio, que las medidas regulatorias deben reflejar el riesgo relativo. Los productos asociados con los niveles más altos de daño deben enfrentar las restricciones más severas, mientras que las alternativas de menor riesgo para los adultos fumadores no deben regularse automáticamente como si presentaran los mismos riesgos que los cigarrillos.
El informe del FMI también destaca un desafío más amplio para los gobiernos. A medida que surgen nuevos productos de nicotina, los sistemas tributarios y regulatorios deben evolucionar en consecuencia. Aplicar las mismas reglas a productos fundamentalmente diferentes puede parecer sencillo desde una perspectiva administrativa, pero conlleva el riesgo de generar incentivos incompatibles con los objetivos de salud pública.
Si los cigarrillos combustibles siguen estando ampliamente disponibles mientras que las alternativas de menor riesgo se enfrentan a restricciones, cargas impositivas o prohibiciones directas equivalentes, los responsables políticos deberían considerar cuidadosamente si esos enfoques están alineados con el objetivo de reducir las enfermedades relacionadas con el tabaquismo.
La importancia del análisis del FMI radica no solo en sus conclusiones, sino también en su origen. Una importante institución económica internacional ha reconocido explícitamente que los productos de nicotina no son igualmente dañinos y que los marcos normativos deben tener en cuenta esas diferencias.
Para los organismos reguladores, esto refuerza un principio cada vez más importante: las políticas de salud pública no solo deben centrarse en si los productos contienen nicotina, sino también en el grado de daño que probablemente causen.
A medida que los gobiernos siguen revisando los impuestos, las normas de los productos y las reglas de acceso al mercado, resulta cada vez más difícil eludir esta cuestión.
¿Deberían tratarse todos los productos de nicotina por igual, o debería la regulación reflejar la creciente evidencia que demuestra que algunos productos presentan riesgos sustancialmente menores que otros?
La contribución del FMI sugiere que los enfoques proporcionales al riesgo merecen una seria consideración.